Chipre "El bautismo de fuego del MEDE"

Por: Gabriel Moreno González


Con el préstamo de 10.000 millones de euros a Chipre del pasado sábado, la Unión Europea ha roto definitivamente el gran tabú financiero: los depositantes chipriotas, los ciudadanos, tendrán que asumir pérdidas y aceptar forzosamente una quita en sus ahorros. Para garantizarla, el Parlamento de Nicosia se ve obligado a aprobar, de inmediato, una ley que congele temporalmente todas las cuentas bancarias e impida la salida de capitales….Sí, un corralito en Europa.
El objetivo de este préstamo, como el del resto, consiste en traspasar una ingente cantidad de dinero desde los ahorros de los ciudadanos a las manos de los acreedores de una banca sobredimensionada y putrefacta, empobreciendo a los pueblos europeos. Sin embargo, al contrario de los demás “rescates”, donde los ciudadanos hemos pagado los excesos del casino capitalista de manera gradual a través de sucesivos recortes y subidas de impuestos, esta vez el robo se produce al instante. En unas horas, en unos minutos, pueden llegar directamente a nuestros ahorros, meter la mano y ofrecérselos sonriendo al capital financiero. El contenido simbólico es evidente: no existen límites para los halcones neoliberales.

Y no existen porque incluso jurídicamente así está consagrado. El préstamo no lo concede la Comisión, el Eurogrupo o el Banco Central Europeo, sino el recién creado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)i), un organismo internacional nacido al calor de la estructura de la Unión que pretende convertirse en la gran banca de los Estados europeos, en un nuevo FMI para el viejo continente. A él deben acudir ahora los gobiernos para recibir asistencia financiera y desde él se introduce el neoliberalismo en las economías nacionales.

El procedimiento es relativamente simple: un Estado, con dificultades financieras, acude al MEDE para que le otorgue un préstamo. A cambio, el Estado ha de firmar y cumplir un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) impuesto por el propio MEDE. El contenido de ese MoU viene ya anticipado en el Tratado constitutivo del Mecanismo: una estricta condicionalidad en las políticas económicas y fiscales que asegure la devolución del préstamo y sus intereses, mediante la consolidación fiscal y la reestructuración del sistema público. O lo que es lo mismo: la pérdida de nuestros derechos sociales, el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar y la pauperización de la clase trabajadora para preservar la posición de dominio de la oligarquía acreedora. Como en el caso de Portugal o Irlanda, el MoU que tenga que firmar Chipre seguirá la misma línea neoliberal: privatizaciones, flexibilización de las leyes laborales, aumento de los impuestos indirectos, etc.

Todo ello vendrá reflejado de manera difusa y oscura en el Memorándum, cuyo guardián e intérprete será el mismo MEDE que lo impuso. ¿Pero quién o qué compone este nuevo poder? Principalmente, sus dos órganos rectores: el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Administración. Ambos se configuran en el Tratado como nidos sin control ni legitimidad democrática que poseen ilimitadas facultades sobre los Estados “beneficiarios” del préstamo. Para mayor escarnio están dirigidos por uno de los insignes halcones de la ortodoxia fiscal, el economista alemán Klaus Regling, otrora destacado miembro de un fondo de especulación ii) y ahora Director Ejecutivo del Mecanismo de “Estabilidad”.

El primero de los órganos rectores, el Consejo de Gobernadores, está compuesto por un representante de cada Estado, cuyo voto es ponderado en función de la aportación de tal Estado al fondo del MEDE. Sus principales competencias residen en decidir, a grandes rasgos, las condiciones de política macroeconómica que se van a imponer en el MoU a los Estados que reciban asistencia financiera, concretadas después por el Consejo de Administración; y elegir a los componentes de este último, un órgano mucho más técnico (y aún menos transparente y presidido por el europeísta especulador) que ha de velar por el cumplimiento del Memorandum.

El Mecanismo cuenta con un capital autorizado de 700.000 millones de euros dividido en acciones, de los cuales se desembolsarán por los Estados 80.000 millones en los próximos 2 años de manera gradual. España, que posee el 11,9% de las acciones, es el cuarto mayor accionista del MEDE después de Alemania (27,2%), Francia (20,4%) e Italia (17,9%). Precisamente, una de las disposiciones más polémicas del Tratado constitutivo es la contenida en el artículo 9 en cuanto a los requerimientos de capital. El Mecanismo tiene plena libertad para exigir que el capital autorizado (hasta 700.000 millones, recordemos) sea desembolsado en cualquier momento por parte de los Estados, de manera inmediata, para hacer frente a los “rescates”iii). Con ello, no solo se ha conseguido ceder la soberanía económica por parte de los Estados beneficiarios del préstamo, sino del resto de integrantes del MEDE, por cuanto deben financiarlo en la manera, en el plazo y de la forma que el Mecanismo exija. Un ejemplo que quizás ilustre la entidad de este poder: tras la aprobación del préstamo a Chipre por el Consejo de Gobernadores, España tendrá que desembolsar en el plazo que se acuerde (puede ser incluso de días), aproximadamente 1300 millones de euros. Y la pequeña isla mediterránea supone solo un 0,17 % del PIB europeo.

La soberanía nacional también se ve mermada con la exclusión de la unanimidad en la toma de decisiones, al establecer como regla general la mayoría simple y reservar la cualificada para casos muy puntuales. Lo cual implica que si un Estado se posiciona en contra del rescate a un país y, no obstante, el MEDE lo aprueba por mayoría, ese Estado debe aportar también el capital necesario para la concesión del préstamo.

Y como era de esperar, ambos órganos no responden ante ninguna institución de la Unión ni de los Estados, ni siquiera de aquellos a los que han hurtado la soberanía tras la petición del préstamo. El control democrático sobre sus actuaciones que, recordemos, afectan al bienestar de millones de personas es, simplemente, inexistente. La opacidad, como en el caso del Banco Central Europeo, es absoluta.

Como novedad, además, la configuración jurídica del Mecanismo posibilita y alienta, a lo largo de todo el articulado del Tratado constitutivo, la participación directa de instituciones tan democráticas como el FMI, la Comisión y el BCE (la famosa Troika), no solo en la elaboración de los MoU sino también en la vigilancia y seguimiento de su cumplimiento. Pero el caso más flagrante es, sin duda, el del FMI, por cuanto no tiene vinculación alguna con Europa. La presencia de la señora Lagarde y todo su ejército de economistas refuerza lo que la propia Exposición de Motivos del Tratado no trata siquiera de ocultar: que el MEDE se inspira directamente en las políticas del FMI y que, por ende, asume su ideario neoliberal y lo consagra iv). Y recoge, además, una de las estrategias sui géneris del Fondo, como es su financiación no solo a partir de las aportaciones estatales, sino también de los mercados financieros. El Tratado del MEDE regula toda una serie de instrumentos a través de los cuales las instituciones financieras pueden participar y beneficiarse de la gran fiesta de los rescates europeos.

El organismo viene así a constituirse en la clave de bóveda de la estafa que es la crisis: el juego irresponsable de la banca y su quiebra sistematizada provoca su rescate por los Estados. Éstos se ven, en consecuencia, obligados a endeudarse en los mercados, donde aguardan los mismos bancos a los que ha salvado para especular contra sus bonos y conseguir pingües beneficios. Cuando la situación se vuelve insostenible, llega el MEDE y, mediante un préstamo multimillonario, impone una política macroeconómica neoliberal a base de recortes que desmantela el Estado de bienestar del país en cuestión. La banca, de nuevo expectante, se beneficia en este caso por partida doble, pues no sólo participa de los intereses del nuevo rescate a través de su inversión en el Mecanismo, sino que consigue que ante ella se abran innumerables oportunidades de negocio tras las privatizaciones y el aumento de la desprotección social, consecuencias directas del Memorándum. Negocio redondo.

Nos encontramos pues, ante un nuevo organismo que, alejado de los focos de la prensa y de la opinión pública, y revestido de mera tecnicidad, se va a convertir en el amo y señor de una Europa moribunda, en el vértice de una estafa criminal institucionalizada. Su bautismo de fuego ha sido Chipre y ha querido hacerse notar dejando claro que no tiene obstáculos a la vista. La década perdida de Latinoamérica aterriza en Europa de la mano del FMI para, desde las alturas del MEDE, cumplir el aforismo de Tácito: “ellos crean un desierto y lo llaman estabilidad”.

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i) El Tratado constitutivo, firmado por los 17 Estados de la Eurozona, entró en vigor el 1 de julio de 2012.

ii)El fondo en cuestión es Moore Capital Strategy Group. La trayectoria del señor Regling, como la de la mayoría de los altos cargos de la eurocracia, es un continuo ir y venir del sector privado al público. En el caso del MEDE, los nuevos nombramientos de sus altos funcionarios han vuelto a reactivar con inusitada rapidez las famosas “puertas giratorias”.

iii) Esta obligación de responder a los requerimientos de capital autorizado no desembolsado en cuanto el MEDE así lo demande, fue examinada por el Tribunal Constitucional alemán al apreciarse su posible incompatibilidad con el principio democrático y con la soberanía nacional consagrados en la Ley Fundamental. Sin embargo, el Alto Tribunal consideró que tal exigencia era perfectamente constitucional, al estar contemplada en un Tratado internacional debidamente suscrito por el Gobierno alemán. No obstante, en su sentencia, impuso someter a la aprobación del Parlamento cualquier desembolso de Alemania que exceda los 190.000 millones de euros.

iv) De hecho, es significativo que las deudas contraídas con el MEDE tengan carácter de preferencia exclusiva frente al resto de acreedores a excepción, sin embargo, del FMI, el cual tendría preferencia en el cobro aun por encima del mismo Mecanismo.

La ruptura ante el nuevo Káiser del Capital

Gabriel Moreno González
UEX

En los últimos tiempos buena parte del espectro político y social ha asumido e integrado en su ideario la “parábola democrática” que en su día formulara Colin Crouch. En su famosa obra Postdemocracia, el sociólogo británico describe la evolución de la situación política actual como un retroceso a momentos predemocráticos. Vivimos, dice, en una época donde el ideal democrático ha degenerado debido al capitalismo transnacional, la debilidad de los Estados, la baja participación e interés de la ciudadanía y el alejamiento, cada vez más palpable, de los partidos respecto de las bases sociales. Para Crouch, el momento más democrático de la historia contemporánea (el punto álgido de la parábola) se dio a mediados del siglo XX, cuando mediante el pacto Capital-Trabajo se consiguió crear y consolidar el Estado de bienestar (welfare state). Desde entonces, la democracia habría ido perdiendo, cualitativa y cuantitativamente, intensidad y calidad, en un proceso gradual de regreso a los modelos del liberalismo doctrinario, donde el espacio de decisión política y los derechos se ven progresivamente restringidos a pesar de la consolidación del sufragio universal.
Hasta aquí, el análisis es irrebatible. Sin embargo, el problema se plantea en la salida de esa situación, en la solución. Para Crouch (y la totalidad de la mal llamada socialdemocracia e, incluso, para sectores de la izquierda transformadora) el objetivo es regresar de nuevo al modelo perdido, a la democracia ideal que surgió de las cenizas de la II Guerra Mundial. Considerar la situación actual, por tanto, como un simple lapsus en el progreso ascendente de la democracia, que ha de ser olvidado para regresar a la cima de la parábola, al Estado social. He aquí el error.
El origen del Estado de bienestar hemos de encontrarlo en la interrelación dialéctica entre los factores económicos y sociales y las condiciones históricas del momento. La devastación de Europa tras la guerra y la consiguiente destrucción de los medios productivos precisaron la intervención del Estado para garantizar la continuidad del proceso de acumulación capitalista que ahora se planteaba desde un relativo equilibrio de fuerzas Capital-Trabajo. El pacto entre ambas es la piedra angular sobre la que gira el Estado social: el Capital renuncia a una parte de los beneficios trasladándolos al Trabajo mientras éste renuncia a la alternativa revolucionaria. Se logra alejar, por tanto, el fantasma del comunismo que acechaba a la débil Europa, al tiempo que se consigue garantizar la plusvalía capitalista en torno a un pacto que, a pesar de parecer un idílico equilibrio de fuerzas, a quien más beneficia desde el inicio es, evidentemente, al Capital.
Infraestructuras, transportes, investigación, educación... actividades que normalmente el Capital no era capaz de producir por sí mismo al estar fuera de la lógica del beneficio, fueron asumidas con inusitada fuerza por el Estado con el objetivo de aumentar el bienestar de la población y la productividad (plusvalía relativa). Formar grandes masas de trabajadores altamente cualificados o invertir ingentes cantidades de dinero en investigación beneficiaba, sobre todo, a los grandes conglomerados industriales y empresariales. Y más cuando la mayor parte de las inversiones que el Estado hacía en estos sectores se sufragaban a través de sistemas impositivos injustos, donde era (y sigue siendo) el Trabajo el gran contribuyente. El Estado, asimismo, se convertía en la “Cruz Roja del capitalismo”, adquiriendo y conservando las actividades económicas de los distintos sectores en crisis que no interesaban al Capital y actuando directamente sobre los puntuales desórdenes del sistema, al tiempo que se convertía en un elemento esencial en la demanda agregada (gastos militares v.g).
En cuanto a la otra gran fuerza del pacto, el Trabajo, las actuaciones del Estado se centraron en la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos sociales, que se convirtieron en los instrumentos idóneos a través de los cuales se socializaron los costes de la producción mientras se privatizaron sus beneficios. Solo un ejemplo: la consagración constitucional del derecho a la educación supuso una transferencia incalculable de recursos desde el sector público al privado, por cuanto la formación pública del trabajador iba destinada a la prestación de servicios cualificados en el ámbito privado y cuyos beneficios redundaban, principalmente, en éste.
Este pacto desigual encontró su virtualidad jurídica en la integración del clásico conflicto Capital-Trabajo en las propias constituciones. El reconocimiento jurídico de derechos sociales en el marco de una economía de libre mercado inmutable supuso la absorción de la contradicción entre las fuerzas históricamente enfrentadas, juridificando la imposibilidad de cualquier concepción alternativa al sistema (fuera el comunismo o el anarcocapitalismo) y creando una sensación de equilibrio perfecto entre las partes del pacto. Sensación que derivaba, a su vez, en un efecto de legitimación general del sistema, por cuanto el aumento de los derechos sociales y el acceso al ciclo económico de amplios de sectores de la población antes excluidos, hacía parecer al Estado como el Estado de todos. Mientras tanto, el sindicalismo y la socialdemocracia conseguían aumentar progresivamente los derechos sociales de los trabajadores sin reducir la plusvalía del capital gracias al imparable crecimiento económico.
Parecía pues, el escenario idílico: los trabajadores vivían ensimismados en un bienestar hasta entonces desconocido que les impedía ver la realidad. Mientras, el gran capital conseguía mantener su tasa de beneficio sin temor a que los otrora vientos revolucionarios pudieran desestabilizar el sistema y acabar con el proceso de acumulación.
Pero este falso equilibrio, esclavo de un crecimiento permanente, se rompió cuando el aumento de la plusvalía (tamizado de redistributivo) empezó a tambalearse por las ineficiencias estructurales del propio sistema y, en menor medida, por los factores externos (Crisis del petróleo incluida) que, junto a la irrupción del huracán neoliberal, crearon las bases necesarias para dinamitar gradualmente el Estado social dando primacía exclusiva al Capital. El Trabajo, la otra gran fuerza del pacto, quedó relegado a la mera formalidad de unas Constituciones que pese a la nueva realidad material seguían reconociendo un amplio abanico de derechos sociales, sin posibilidad, ahora, de hacerlos efectivos. Una parte del contrato había, simplemente, vencido.
La socialdemocracia, que ha asumido sin rechistar el planteamiento de Crouch, ve con nostalgia aquel pacto y se propone como objetivo regresar al (falso) equilibrio ideal. Se aferra a los contenidos sociales de las Constituciones, aún no suprimidosii, en una posición de “garantismo”iii inmovilista cuyos únicos logros consisten en pequeñas victorias sectoriales a través de una disfuncional y venial justicia constitucional. En esa lucha permanente, sin duda encomiable pero insuficiente, se olvida lo esencial: que las condiciones que posibilitaron el pacto ya no se dan en la actualidad.
Por un lado, la realidad objetiva sobre la que podría asentarse es completamente diferente en todos sus elementos. El pacto inicial se realizó en el ámbito estatal, cuando los sistemas constitucionales aún tenían relevancia y en ellos convergían los distintos intereses de clase. Ahora, el marco de referencia es el de la globalización institucionalizada, donde amplios ámbitos de la política se han visto relegados a una falsa tecnicidad que esconde el pensamiento único dominante. La “esfera de lo decidible” queda reducida a un papel secundario por cuanto las decisiones de relevancia ya no se toman en las democracias nacionales, sino en los difusos entramados institucionales de dudosa legitimidad que se han venido consolidando en los últimos deceniosiv. No es el regreso al liberalismo doctrinario que indica Crouch, sino el retroceso a la tiranía que convivió con el capitalismo en la Alemania decimonónica.v No es el sufragio censitario de Guizot ni el monarquismo anacrónico de Tocqueville, es algo más. Detrás de la Comisión Europea, del BCE, del MEDE y toda esa caterva de instituciones antidemocráticas se encuentra la concepción hegeliana, donde “los poderes del Estado” se convierten en los “órganos del Estado” (no representativos de la sociedad), definidos no sobre el paradigma de lo político (Soberanía), sino de lo técnico (Derecho). Las instituciones supraestatales antidemocráticas se intentan revestir de un prius objetivo, unitario y permanente que ha de existir por sí mismo, fuera del alcance del voluntarismo político, en tanto orden jurídico inmutable y autolimitadovi. Sustraer la política del vaivén de los deseos siempre caprichosos de las mayorías, protegiéndola de éstas y refugiándola en una esfera indisponible (que beneficia únicamente al Capital), es la última ratio de la Unión Europea, el nuevo Káiser del continente.
Tampoco la contradicción subjetiva Trabajo-Capital que sustentaba el edificio del Estado social es la misma. Los trabajadores ya no son los estables asalariados del modelo fordista ni sus aspiraciones se aúnan en una conciencia de clase. La fragmentación del Trabajo, su carácter líquido como lo ha definido Baumanvii, se concreta en la temporalidad, inseguridad, movilidad y variedad de situaciones laborales o profesionales, en un proceso de desarraigo que no ha hecho más que comenzar. Los detentadores del capital tampoco son ya los industriales o grandes empresarios monopolísticos que invertían en la economía real para aumentar su plusvalía. Ahora, el capital financiero transnacional domina todas las capas de la estructura económica, en un sistema altamente financiarizado, desregulado y globalizado que ha conseguido desprenderse de las cadenas jurídicas estatales. Un Capital que, dada su posición de predominio absoluto tras la victoria sobre el Trabajo, se ha acomodado en sus privilegios y no le interesa, ni siquiera remotamente, ceder parte de sus beneficios a la otra parte del pacto, por cuanto ésta ya no es capaz, por su propia configuración material, de plantear una alternativa revolucionaria.
Por tanto, es impracticable volver a subir la parábola y situarnos en la cima perdida de la democracia con base a un nuevo pacto entre fuerzas. El modelo anterior está, históricamente, agotado. La nostalgia por el Estado social perdido debe convertirse en la esperanza por otro sistema completamente diferente, en la esperanza de un proceso de ruptura que deconstruya lo establecido y recupere el Trabajo como motor de cambio. La repolitización de las decisiones, la configuración de nuevos conceptos e instrumentos democráticos, la constitucionalización de una realidad cada vez más compleja, la ruptura con la cultura hegemónica de la que se sirve el poder para perpetuarse y, en definitiva, la expulsión del Capital de su situación de predominio, se presentan como los paradigmas que han de guiar un futuro de verdadera transformación social.

i CROUCH, Colin, Posdemocracia, Taurus, 2004.
ii En este punto España supone una excepción a la regla general debido a la última reforma constitucional del artículo 135, que introduce como una cuña el pensamiento neoliberal en la Carta Magna vaciando de contenido la solemne proclamación del Estado social.
iii El recurso a la justicia constitucional se ha convertido en el omnímodo de la lucha política diaria. El acercamiento al núcleo esencial de los derechos reconocidos constitucionalmente y su ataque permanente por parte de una realidad que no se adecua a la formalidad constitucional, alientan esta situación. Vid. FERRAJOLI, Luigi, Garantismo, una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, 2009.
iv Una defensa de esta forma de gobernanza puede verse en ROSANVALLON, Pierre, La legitimidad democrática, Paidós Ibérica, 2010.
v La tardía incorporación de Alemania al capitalismo y la ausencia de revoluciones burguesas, hizo que coexistiera una clase capitalista (y el consiguiente proletariado industrial) altamente consolidada con la antigua clase estamental heredera del Ancien Règime, que consiguió preservarse en el poder bajo un modelo autoritario y altamente represivo. La burguesía renunció así a la democracia liberal a cambio de que los junkers terratenientes frenaran el movimiento obrero y neutralizaran las aspiraciones revolucionarias.
vi El concepto de “autolimitación” es acuñado por primera vez por Ihering. Supone la conversión en jurídico del poder del Estado (y por tanto, algo atemporal, preexistente y a priori) frente a la concepción política de la soberanía. Vid. JELLINEK, J, Teoría General del Estado, Albatros, 1954.
vii BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de España, 2002 (i.a.).

Artículo publicado con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons.

"La belleza salvará al mundo" Prólogo a "Beethoven y Dostoievski"

Por: Gabriel Moreno González


En 1945 un joven soldado francés paseaba por las ruinas de la que hasta entonces había sido capital de Alemania. Una Berlín ensangrentada, sucia y gris, tremendamente gris, iba pasando por su triste mirada. «¿Cómo hemos llegado a este punto?», se preguntaba sin cesar mientras olía aún la pólvora de la guerra, incienso de aquellos días. Toda la ciudad que durante tanto tiempo había sido el centro del pensamiento europeo quedaba reducida a unos cuantos muros agujereados por las balas que intentaban mantenerse en pie en medio de la devastación. El soldado, cabizbajo, paseaba meditabundo por aquellas calles sin nombre mientras las lágrimas caían al suelo gris y al frío barro. Y sin embargo, en medio del más siniestro silencio, una melodía familiar se empezó a abrir paso entre las columnas de humo y el olor a pólvora. Inexplicablemente, las tropas rusas habían colocado grandes altavoces en la ruinosa Puerta de Brandenburgo, de los que brotaba, con inusitada fuerza irrumpiendo en el silencio, la melodía más bella que hombre alguno pueda escuchar. Era Beethoven.

En aquella particular Novena Sinfonía, el soldado, de nombre Edgar Morin, encontró el sentido de su vida. Y es que allí estaba, en los precipicios de la historia humana, allí estaba la belleza pura, la música con la intención de proclamar bien alto el aforismo wagneriano «si tuviéramos la vida, no necesitaríamos del Arte. El Arte comienza justo donde termina la Vida». Porque en efecto, cuando ya no había justificación alguna para el existir después de Auschwitz, allí afloró el arte, justo donde terminaba la Vida.

En torno a ello parece girar también la historia de nuestro héroe, el inmortal Beethoven. Cuando su existencia se desvanecía, cuando había perdido el vigor que le caracterizaba y ya nadie le quería, viejo y sordo, enfermo y solitario, escribió aquella eterna melodía. Nadie podía creer que al final la belleza reinaría sobre su atormentada vida. Con su última sinfonía se reconcilió consigo mismo y, lo más importante, con los hombres. Si hay algo que caracteriza a Beethoven es su pertenencia a esa línea de pensadores y artistas, tan bien trazados por Steiner, que se han enfrentado, de uno u otro modo, a los misterios más profundos e insondables del hombre, aquellos que han intentado dar respuesta a sus preguntas más esenciales, aquellos que, en definitiva, han intentado situar al ser humano en lo inefable del universo. Para ello se han servido de las diversas formas del arte, como la literatura o la música, distanciándose de las corrientes imperantes en sus respectivas épocas y de los convencionalismos absurdos de sus disciplinas. Beethoven nos dirá al final de sus días que su obra no es más que un solitario diálogo con Dios, un puente con el misterio del hombre y su presencia en el universo. Toda su obra es el resultado de ese permanente diálogo, enriquecido, y no empobrecido, por los demonios que siempre lo persiguieron. Del poderoso drama que es su agitada vida partirá precisamente la fuente de la que emana su arte único e inigualable.

La falta de armonía, de una línea segura y estable en el devenir de su existencia, muy al contrario del positivismo imperante, la comparte con el genio ruso Fiodor Dostoievski, cuya frase más enigmática encierra para muchos el porvenir de la humanidad y que caracteriza, como ninguna otra, la esencia de Beethoven: «la belleza salvará al mundo». Con esta sencilla pero insondable sentencia, Dostoievski nos deja abierta la puerta del gran misterio que es el hombre.

¿Por qué la belleza? Pero, ¿qué es la belleza?

Acudamos a la memoria, a la historia. Recordemos sin temor las trágicas escenas que narrara en su día Beevor sobre el sitio de Leningrado, porque allí encontraremos las respuestas a tan presuntuosas preguntas.


Hitler siempre tuvo dos obsesiones: acabar con el pueblo judío y borrar de la faz de la tierra la ciudad de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado. Era incapaz de comprender, simplemente, que un pueblo al que consideraba como raza inferior, el ruso, pudiera haber construido una ciudad que era la envidia en belleza, suntuosidad y cultura del resto de ciudades europeas. ¿Cómo ese pueblo esclavo, semejante a las ratas, había engendrado tal maravilla?

Por ello, en plena II Guerra Mundial y con el comienzo de la invasión soviética, Hitler ideó el siguiente plan: asediar la ciudad hasta dejar morir de hambre a sus habitantes para, después, destruirla hasta borrarla del mapa, piedra a piedra. Y el cerco a Petersburgo, a Leningrado, empezó. Meses y meses de asedio, de bombardeos y de aislamiento, constituyen quizás uno de los ejemplos más abominables y despreciables de la historia humana. Ni una mísera rodaja de pan logró entrar en una ciudad de millones de habitantes. Los siempre orgullosos petersburgueses vieron atónitos cómo el hambre iba poco a poco matándolos sin piedad. Los cadáveres se aglutinaban en las calles. Miles de personas morían día a día. Caballos, perros, ratas, y hasta el caucho de las ruedas, intentaban paliar sin éxito la sombra de la hambruna.

Pero la que fuera la ciudad de Dostoievski dio una lección al mundo. Después de ocho meses de hambre y miseria, en medio de su más trágica existencia, cuando es más, su propia existencia se balanceaba al borde del acantilado que es la historia, San Petersburgo, Leningrado, renació de sus cenizas gracias al arte, a la música. La ciudad comprendió el sentido de la frase de su más ilustre escritor y la reveló al mundo.

Aunque los bombardeos y el hambre no cesaran, un día los teatros abrieron. Mostraron todo su esplendor en medio de aquella vorágine de barbarie para recibir a cientos de pálidos y cadavéricos petersburgueses que aprovecharon la ocasión para desenterrar sus más lujosas galas. Una marea de fantasmas cerca de la inanición, al borde de la desesperación más absoluta, se acercó al teatro entre las calles destruidas. Pero, ¿qué locura fue aquella?


Iban, fueron, para escuchar música. Por un día, apartarían el hambre y la muerte para dedicar todos sus sentidos al arte. La orquesta tocaría la Sinfonía nº 7 de Shostakovich, compuesta durante el propio asedio en honor a San Petersburgo y a la resistencia del pueblo ruso. Como nos narra Beevor, fue un espectáculo macabro. Cuando los cadavéricos petersburgueses entraban en el teatro, el color oro del telón se reflejaba en sus demacradas caras, cuyos ricos vestidos no eran capaces de ajustarse a la nueva figura enflaquecida de sus dueños. Los músicos, detrás de los trajes y las galas, apenan podían sostener los instrumentos...

Y allí, como unos años después en la destruida Berlín, en medio del horror, comenzó la música. Nadie podía creer que aquella melodía, que aquella belleza, pudiera oírse en la ciudad sitiada que tras largos meses de asedio se debatía entre la muerte y la desesperación. La música seguía, los tonos subían y bajaban rozando el aire del teatro. Se veían las lagrimas caer de los párpados de muchos asistentes, emocionados por aquella melodía celestial. Gracias a la radio, el mundo entero quedó atónito al escuchar cómo, entre la prodigiosa música de Shostakovich, sonaban las bombas sobre la ciudad; al escuchar, simplemente, tanta belleza en medio de tanta crueldad. Pasados unos minutos, el director ya no pudo sostener la batuta, pero la orquesta continuó hasta que finalizó la sinfonía entre aplausos y desmayos de los asistentes. Son conocidas ya las historias que, al acabar la guerra, narraron los soldados alemanes que participaban en el cerco. A muchos de ellos, escuchando la radio, se les cayeron las lágrimas mientras sostenían el fusil que apuntaba a la ciudad desde donde partía aquella belleza.

El director de la orquesta, que apenas sobrevivió a la interpretación por el hambre que carcomía sus entrañas, se dirigió al finalizarla a uno de sus compañeros y le susurró: «aún somos los hijos de Prometeo»... Y en efecto, después de tanta sinrazón en aras de la razón absoluta, después de que el significado mismo de lo humano quedara mancillado en los altares de la guerra, el ser humano seguía siendo hijo de Prometeo. El arte, la música....la belleza al fin y al cabo, venció a la destrucción. Salvó al mundo.

¿Explica ello el aforismo inabarcable de Dostoievski que da título a este breve reseña? No. Por supuesto que no. Si no, no sería una reseña. Dejemos pues a la obra que nos complazca intentando desentrañarlo a través de la inigualable vitalidad de Beethoven, al que Schiller calificara como «maestro de Vida». Sea pues.

Antígona en las calles

Siempre ha existido, y siempre existirá, el atávico conflicto entre el gobierno de lo justo y el gobierno de los hombres, entre razón y voluntad. La tragedia griega de Antígona representa uno de sus primeros enfrentamientos y, en buena medida, encierra el sentir de nuestros días. Valga recordarla.
Ante la supuesta traición llevada a cabo por Polinices, el rey Creonte ordena abandonar injustamente su cadáver a merced de los cuervos, vulnerando así la sagrada tradición griega. Antígona, hermana del desdichado Polinices, decide desobedecer al rey y enterrar dignamente a su hermano. ¿En qué se fundamenta la heroína griega para rebelarse contra el gobierno de los hombres? «Cuando las leyes humanas sean injustas, estamos legitimados para desobedecerlas», viene a decir Antígona anticipándose a los ilustrados de uno y otro lado del Atlántico.
La Constitución, como norma suprema cuyo origen directo reside en el pueblo, dulcifica las diferencias y acerca ambos polos. En el momento constituyente, ese indefinido pueblo decide qué es lo naturalmente justo y qué se tiene que elevar al más alto grado de protección y reconocimiento. El fin: evitar que el gobierno de los hombres posterior vulnere lo que se considera intangible, el gobierno de lo justo. Si en la Grecia de Creonte hubiera existido una constitución que prohibiese la humillación de los muertos y reconociese su dignidad, Antígona se hubiera ahorrado el suicidio.
En nuestro particular y polémico momento constituyente de 1978 se establecieron en 69 artículos las reglas básicas que iban a regir el Estado y la convivencia de los españoles, petrificando lo considerado entonces como justo y atando con ello a los posteriores gobiernos. Aunque la idoneidad del proceso y de eso que han venido en llamar “Transición” es cuanto menos discutible, no podemos olvidar que tenemos una Constitución y que, nos guste o no, está para cumplirse. O en teoría.
Mientras leen estas líneas, un Creonte gallego refugiado en la Moncloa dinamita los principios (y los valores) que la Carta Magna consagró en las postrimerías del franquismo. La versión griega de Rajoy, al menos, no temía vulnerar una norma positiva, sino únicamente contrariar lo que el común de los griegos entendía como lo justo y natural. Pero esta versión nuestra tan castiza y de sacristía no solo tiene delante una Constitución escrita y clara, sino que además la conoce a la perfección gracias a su inigualable testa registral. ¿Cómo puede entonces vulnerar sistemáticamente la Constitución?
Hace más de doscientos años, en la Francia prerrevolucionaria, un joven abogado, de nombre Danton, se acercó a un café de París donde un envejecido Benjamín Franklin discutía acaloradamente sobre la recién redactada Declaración de Independencia. El que luego fuera líder revolucionario le preguntó al americano, y no de muy buenas maneras, para qué servía la Declaración, si solo era un papelajo y no tenía detrás un ejército que la defendiera, a lo que el inventor del pararrayos contestó: «Se equivoca. Tras esta Declaración hay un poder considerable, eterno: el poder de la vergüenza». De la vergüenza de saber que se está vulnerando lo que todos consideramos justo.
Sin embargo, ¿dónde está la vergüenza en los miembros de este (des)gobierno germanófilo? ¿En los aplausos que recortan nuestros derechos? ¿En las salidas de tono de sus acólitos? No. Simplemente, no tienen vergüenza.
De los ataques a la Constitución que estamos viviendo, desde amnistías fiscales a reformas laborales pseudomedievales (todo ello aderezado con una buena cantidad de decretos-leyes sin habilitación alguna), el más importante lo constituye la rendición del poder político ante el gran capital transmutado en Unión Europea e instituciones financieras.
«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», reza el primer artículo de nuestra Carta Magna. Pero esta soberanía nacional se vuelve irreconocible cuando el gobierno elegido por el pueblo rinde pleitesía a los intereses financieros de una pequeña oligarquía plutocrática que se erige en la dueña y señora de Europa. Un informe del FMI o Moody´s, elaborado por un grupo de economistas de dudoso prestigio pero reconocible ideología, o un artículo del Financial Times (siempre que no sitúe España en África), pesa más que los principios y valores que el pueblo español consagró en la Constitución. Igualdad, libertad, justicia…principios que decaen ante el más leve alarido de eso que llaman «mercados».
Como nuestro (neoliberal-católico) gobierno de los hombres ya no se comporta como tal, sino como instrumento que vulnera sistemáticamente lo considerado justo e inviolable, los ciudadanos tienen el derecho, es más, tienen el deber, de restituir la vinculación entre soberanía y poder, de recuperar la esencia de la democracia. Ante los ataques a la Constitución y al principio democrático, ante las tropelías de nuestros gobernantes y, sobre todo, ante el robo de nuestra soberanía a manos de una élite financiera sin escrúpulos, debemos seguir el ejemplo de Antígona sin temor. Aquella Declaración de Independencia, de la que el viejo Benjamín Franklin se enorgullecía, nos recuerda en qué consiste la democracia en uno de las más sublimes proclamaciones de la historia.
«Que para garantizar los derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios».
Aun así, cualquier enfervorecida legitimación del «pueblo» frente a los «gobernantes» a modo de proclama puede devenir en radicalismos oscuros de difícil justificación. La prudencia ha de ser, como siempre, el camino. No obstante, si el gobierno destruye cada viernes, poco a poco pero sin pausa, los principios y valores constitucionales entregando la soberanía a agentes externos, los ciudadanos, únicos titulares de esa soberanía, estamos habilitados para recuperarla. Pero, ¿acaso el gobierno no ha sido elegido por una abrumadora mayoría de españoles que lo legitima? Por supuesto. La obediencia de los ciudadanos en una sociedad democrática es también una responsabilidad derivada de la propia capacidad de elección. Sin embargo, ésta nunca puede subvertir lo establecido en el momento constituyente o, lo que es lo mismo, ningún gobierno, por legitimado que esté, puede vulnerar o modificar subrepticiamente la Constitución en tanto norma suprema que posee la máxima legitimación posible: la que la ciudadanía le otorgó directamente. ¿Los millones de españoles que votaron al actual gobierno quieren otra Constitución (todavía) más favorable al capital o, simplemente, traspasar la soberanía a manos tecnoneoliberales?, pues entonces actívese un nuevo proceso constituyente. De lo contrario, todo ataque al fundamento de la democracia, cual es la vinculación entre representantes y representados, ha de entenderse como en su día hiciera Franklin.
Si nuestros gobernantes han perdido la vergüenza, hemos de hacérsela recuperar, aunque sea en las calles. En los ojos de cada desempleado, manifestante, enfermo, estudiante, obrero o funcionario, de cada ciudadano harto de pagar una crisis que no ha creado, puede verse el orgullo de saber que, como Antígona, lo justo está de nuestra parte.

Gabriel Moreno González

ATTAC España

EL LEVIATÁN EUROPEO

Todas las semanas, la cara compungida de un ínclito italiano se asoma a los televisores para flagelar las economías europeas. Reformas estructurales, recetas, medidas de ajuste, consolidación fiscal....expresiones ellas que, incardinadas en un discurso oscuro, ambiguo y técnico, brotan de sus labios para ser recibidas con temor por el gran capital, los ciudadanos de a pie y los gobernantes del viejo continente. La economía entera tiembla ante sus declaraciones, las bolsas suben o bajan según las arrugas de su cara, el tono de su voz decide el éxito o el fracaso de las subastas de deuda de los Estados.

Ante ello, en una mentalidad ínfimamente democrática deben formularse automáticamente al menos tres preguntas: ¿qué político es ese? ¿por qué atesora tanto poder en sus manos? ¿cuál es el origen democrático de su legitimidad? Las respuestas en este caso son tan sencillas como complejas: no es un político, nada ni nadie controla su poder y su origen no se fundamenta en legitimidad alguna. Es Mario Draghi, presidente de esas siglas tan manidas y odiadas del BCE.

El Banco Central Europeo del señor Draghi es un Leviatán indómito cuya inadmisible e ilimitada independencia constituye el escudo idóneo donde se protegen de la política el neoliberalismo más rancio y el pensamiento económico más ortodoxo. Desde la fría sede alemana (cómo no) se dirigen y controlan las políticas de austeridad que pauperizan al pueblo europeo y se somete al yugo de la vergüenza y el castigo injustificado a naciones enteras. La causa que permite la sinrazón actual no es otra que su intangible independencia.

Los dos órganos rectores sobre los que pivota la composición del BCE, el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno, gozan de una autonomía sin precedentes en los sistemas democráticos occidentales, justificada, al menos para sus defensores, por la elevación de la lucha antiinflacionista como objetivo último (y único) del Banco Central.<1> Evitar que los políticos acudan al BCE para realizar políticas expansionistas o financiar su propio déficit presupuestario, lo que aumentaría la inflación considerablemente, se convierte en el pretexto idóneo para consagrar la independencia de la institución. Como garantía, los doctos creadores <2> del andamiaje comunitario articularon en los Tratados y en los anejos Estatutos del BCE toda una serie de complejos mecanismos e instrumentos que a continuación intentaremos analizar.

La posición jurídica que a priori ostenta el BCE en el conjunto de la UE supone el primer peldaño de un firme edificio de garantías e inmunidades. La inclusión de sus prolijos Estatutos como protocolo anexo a los Tratados otorga al BCE una especial rigidez normativa en tanto su regulación reviste el mismo valor jurídico que aquellos, siendo necesario para su modificación el más alto grado de compromiso entre los Estados miembros. Es en estos rígidos Estatutos elevados al más alto valor normativo donde se configuran detalladamente las distintas formas de independencia.

Independencia institucional

El artículo 7 de los Estatutos establece que «ni el BCE, ni los Bancos Centrales nacionales, ni ningún miembro de sus órganos rectores recabarán ni aceptarán instrucciones procedentes de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, de ningún Gobierno de un Estado miembro ni de ningún otro organismo». He aquí la piedra angular sobre la que gira la independencia del BCE respecto del poder político en sus dos niveles, comunitario y estatal, los cuales, además, se tienen que comprometer a «respetar este principio y a no tratar de influir sobre los miembros de los órganos rectores del BCE o de los Bancos Centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones».

Es cuanto menos curioso el silencio que guardan los Estatutos en torno a los poderes fácticos o privados que sí podrían, y de hecho pueden, influir en el BCE y socavar su independencia. Se trata por tanto de una independencia institucional que solo se formula en relación con el temido poder político democrático, transparente y, sobre todo, soberano, pero que no guarda ninguna previsión en torno a otras posibles (y probables) oscuras influencias sobre una institución que, recordemos, es clave en el sistema bancario y financiero. Así, una recomendación pública del Parlamento europeo al BCE desata las iras de todo el entramado comunitario y puede conllevar hasta responsabilidades, mientras que una reunión secreta entre los miembros del BCE y destacados representantes de la banca (a la que tiene precisamente que regular) pasa completamente desapercibida, cuando no recibe elogios por «la confianza de los mercados».

Independencia funcional

La otra cara de la independencia del BCE viene constituida por su plena autonomía en el desarrollo de los objetivos propuestos sin necesidad de acudir a otra institución para hacer efectivas las funciones que tiene encomendadas. En este sentido es de destacar, y más en los tiempos que corren, la prohibición expresa que realizan los Tratados y los Estatutos de adquirir directamente deuda pública de los Estados miembros. <3> Como es bien sabido, una de las formas tradicionales de financiar la deuda pública de los Estados era recurrir a los bancos centrales, quienes a costa de aumentar la inflación resolvían temporalmente los problemas de liquidez de la res publica. Con esta prohibición se persigue ahora consolidar la estabilidad de precios y aumentar al tiempo la independencia del BCE respecto de las necesidades políticas, lo cual acarrea no pocos problemas que, en la actual coyuntura económica, dejan indefensa a una Europa asediada por los carroñeros y delincuentes de guante blanco.

Independencia personal

Sin embargo, todo ello sería papel mojado si no se proyectasen tales garantías también sobre las personas físicas que integran el BCE. En este sentido, el espíritu de los Tratados es claro: los miembros del BCE, incluidos los distintos gobernadores de los bancos centrales nacionales (que forman el Consejo de Gobierno), han de estar revestidos por una especial y radical independencia respecto de aquellos que los eligen (los dirigentes políticos). Para garantizarla, se establecen mandatos relativamente largos <4> y no renovables y unas causas de cese estrictamente tasadas y ajenas a criterios de oportunidad política. De este modo, por ejemplo, el cese de los miembros del Comité Ejecutivo solo queda reservado para el caso en que «dejaran de reunir los requisitos exigidos para desempañar sus funciones o si en su conducta se observara una falta grave», en cuyo caso sería el Tribunal de Justicia de la UE el legitimado para llevar a cabo la separación del cargo, siempre que así lo solicite el Consejo de Gobierno o ¡el propio Comité Ejecutivo! Es decir, no solo se priva a los poderes democráticos de su posible revocación, sino que además ésta solo puede darse por el cumplimiento de unos conceptos jurídicos indeterminados (¿qué es falta grave?) que deben ser examinados en sede jurisdiccional si, y solo si, el propio BCE así lo desea. Recurriendo al símil, imaginémonos que los miembros del Gobierno de España solo pudiesen ser revocados por el Tribunal Supremo cuando el Consejo de Ministros, del cual forman parte, diera su visto bueno y solo si tales miembros incurriesen en una falta grave considerada como tal por el Tribunal a falta de una tipificación más exhaustiva.

Privar al poder político de la facultad de cesar a los integrantes del BCE acarrea, per se, graves consecuencias desde el prisma constitucional, pues supone la quiebra del principio democrático que ha de informar todo el ordenamiento. Pero confiar a un órgano jurisdiccional tal facultad de cese sobre la base de difusos conceptos débilmente tipificados y, sobre todo, de manera potestativa, supone simplemente una aberración jurídica sin precedentes consentida y alentada en aras de la sacrosanta e ilimitada independencia.

Pero no queda aquí la cosa. Los miembros del Comité Ejecutivo, compuesto por el Presidente (que lo es también del BCE), el vicepresidente y cuatro vocales más, son nombrados todos ellos por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un periodo de 8 años improrrogables, debiendo ser elegidos entre personalidades europeas de reconocida experiencia y prestigio en asuntos monetarios o bancarios.<5> Ello posibilita y alienta el sinsentido de que los causantes de la crisis actual se sienten ahora en los cómodos sillones del BCE. Ex-banqueros como el propio Draghi, vinculado nada más y nada menos que a la caritativa Goldman Sachs, constituyen la tónica general en el seno del Banco.

La opacidad del BCE

Ahora bien, como hubiera sido simplemente escandaloso crear una institución con tan relevantes atribuciones y al mismo tiempo eximirla de cualquier control o responsabilidad democrática, los Tratados y los Estatutos contemplaron desde el inicio débiles mecanismos de control para dar un tenue barniz democrático a las actuaciones del BCE sin socavar ni un ápice, eso sí, su santa independencia. Mecanismos tales como la presentación de informes o la comparecencia ante el Parlamento europeo de los miembros del Comité Ejecutivo (sin posibilidad de influir en ellos con preguntas o sugerencias incómodas),<6> no dejan de ser meras formalidades que no atenúan el déficit democrático de la institución.

A la insuficiencia de estas medidas, más destinadas a la necesaria cooperación y equilibrio institucional que a un adecuado control democrático, se suma la opacidad de las decisiones del BCE. Los Estatutos<7> determinan la confidencialidad de las reuniones y deliberaciones de los órganos rectores del BCE y deja al arbitrio del Consejo de Gobierno la posibilidad de dar a conocer (que no publicar) los documentos emanados de aquellos. La regla general es que se podrá acceder a los documentos del BCE cuando pasen solo....¡30 años!, y siempre que aun así lo quiera expresamente el Consejo de Gobierno.<8> Permitámonos un ejemplo que quizá ilustre al lector esta anómala (por decir algo) previsión: imagínense que hasta 2042 no podremos los europeos (los que vivan todavía) conocer las decisiones en política monetaria que ha estado adoptando el BCE en la actual coyuntura económica. Por si fuera poco, se priva al Tribunal de Cuentas de la fiscalización de los ingresos y gastos de la entidad emisora,<9> la cual, además, aprueba directamente y sin control sus presupuestos.


Así pues, el BCE se constituye en una institución que goza de una autonomía sin precedentes, tanto desde el punto de vista propiamente institucional y funcional, como personal; tres manifestaciones de un mismo fenómeno que arroja serias dudas sobre la pervivencia del principio democrático en el guardián del euro y que reafirman su naturaleza hobbesiana en tanto poder incontrolado.<10> Como en el Leviatán del ínclito inglés, los súbditos, convertidos ahora en Estados, instituciones comunitarias y ciudadanos europeos, no pueden siquiera discutir las acciones de su soberano (léase Mario Dragui y demás técnicos de reconocido prestigio) ni acusarle de injusticias, pues éste se erige inamovible en tanto encarna directamente el interés general (ahora estabilidad de precios).

Nos guste o no, la política monetaria, como su propio nombre aventura, es política. Aunque se quiera crear una comunidad epistémica de técnicos economistas, sus decisiones no dejan de tener naturaleza política, en tanto derivan de una elección premeditada entre un amplio abanico de posibilidades y cuya influencia directa en la economía (y en el día a día de los ciudadanos) es evidente. Es en ese acto de elección discrecional «donde se encuentra la verdadera capacidad de decisión política del BCE»,<11> capacidad que, atribuida a una institución sin control alguno (y casi sin legitimidad), contraviene el principio democrático inherente en todos los sistemas constitucionales europeos.

Los técnicos y economistas miembros del Comité Ejecutivo o del Consejo de Gobierno del BCE se han erigido en los portadores del interés general que subyace bajo el eufemístico objetivo de la estabilidad de precios. Ellos son los que, sin legitimidad democrática y sin control institucional alguno, determinan buena parte del devenir económico de las naciones europeas. No responden ante nadie, no pueden ser separados y sus decisiones no pueden ser discutidas. No son, en definitiva, políticos. Y sin embargo toman decisiones políticas tan relevantes como, en ocasiones, secretas. Por ello, es una exigencia jurídica y una necesidad política reformar la institución monetaria europea, conservando, si así se precisa, un cierto grado de autonomía, pero eliminando de raíz una independencia inasumible constitucionalmente.

Una mayor participación del Parlamento Europeo, la posibilidad de revocación de los miembros de los órganos rectores por mayoría cualificada o el aumento de la transparencia de sus decisiones, acercarían más la institución a la adecuada profundización democrática que debiera acompañar la integración europea.


Notas pie de página



Gabriel Moreno González
Comisión de Justicia Fiscal y Financiera Global
ATTAC España

La justicia tributaria es un deber, no una posibilidad

21 diciembre 2011 | Categorías: Justicia Fiscal Global, Nacional | |

Gabriel Moreno González – ATTAC España
http://www.attac.es/2011/12/21/la-justicia-tributaria-es-un-deber-no-una-posibilidad/
Ahora que estamos inmersos en un proceso deconstituyente por parte de nuestros representantes, quienes han prostituido impunemente la soberanía nacional al consagrar el neoliberalismo en nuestra muy criticada (y con razón) Carta Magna y ceder ante el chantaje de los mercados, tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar y sacar del olvido algunos de los principios más esenciales que la propia Constitución vejada elevó en su momento al más alto grado jurídico.

Hay un artículo en concreto que hace tiempo se ha querido olvidar por parte de nuestros legisladores y gobernantes y, por qué no decirlo, por parte también de las voces más críticas del ámbito académico. Es sin duda el precepto más odiado por el capital y sus titulares, por los neoliberales y economistas más rancios. Hablamos del artículo 31 de la Constitución, que proclama solemnemente, pero sin ambages, que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

He aquí uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. El deber de todos, de todos sin excepción (principio de generalidad tributaria), a contribuir a las arcas del Estado mediante el pago de impuestos, un pago que ha de ajustarse a la capacidad económica de cada sujeto (persona física o jurídica) al supeditarse todo el sistema tributario a los principios de justicia, igualdad y progresividad (paga más quien más tiene). Estos principios constitucionales tributarios deben imperar en toda política fiscal y su proyección alcanza a todo el ámbito tributario, desde el IBI al Impuesto sobre el Patrimonio. Pues bien, desde un tiempo no muy lejano (léase Aznar), este palmario mandato constitucional (quizás el más contundente y preciso de todos) ha sido continuamente vulnerado.

¿Dónde está la justicia tributaria, la igualdad y la capacidad económica en el vergonzoso 1% de las SICAV? ¿Dónde aparece el artículo 31 de la Constitución en las SOCIMI? ¿Cómo se compagina la progresividad con las humillantes deducciones, reducciones y otras bonificaciones fiscales de las que es beneficiario el gran capital español? ¿Por qué no entra en ese “todos contribuirán” las operaciones financieras transnacionales o las vergonzosas actividades especulativas de los hedge funds?….y la lista sigue y sigue. La justicia tributaria que quería nuestra Carta Magna y que quiso, no olvidemos, un por entonces difuso constituyente español, únicamente recae en las espaldas de los trabajadores y asalariados, quienes son los que verdaderamente soportan el peso de los impuestos. A pesar de que la capacidad económica se ha ido desplazando en los últimos años desde las rentas del trabajo a las rentas del capital, el legislador tributario ha obviado esta evidencia y ha prolongado un régimen fiscal altamente injusto y anacrónico, donde se sigue teniendo como eje vertebrador al salario. Los principios constitucionales tributarios se han ido apartando poco a poco, gobierno tras gobierno, dejándolos en un cajón de la Moncloa… no vaya a ser que los inversores salgan corriendo hacia mejores paraísos fiscales, que nos abandonen nuestros acreedores o que las entidades financieras se depriman. Hasta tal punto han sido degradados por el devenir legislativo y político que su esencia solo es mentada, más como reliquia que como deber constitucional, en los manuales y clases de derecho financiero. La sola lectura del precepto nos recuerda a tiempos pasados, donde las rentas del trabajo constituían el principal soporte de nuestra economía. Y es que nuestros gobernantes, el Tribunal Constitucional y, lo que es peor, el conjunto de la sociedad, siguen viendo como ejemplo paradigmático de este artículo al trabajador asalariado. Impera todavía entre nosotros la noción de una economía industrial de intercambio tradicional de bienes y servicios, una noción en la que aún no hemos sido capaz de introducir como verdadera piedra angular del sistema económico al mundo financiero.

De aquí viene su desregulación, que, aupada a la política por el neoliberalismo thatcheriano, es la principal causante de una crisis económica que ahora se achaca al Estado. El movimiento de capitales transnacionales y las actividades financieras de los grandes conglomerados bursátiles y bancarios, que son a día de hoy los principales actores de nuestra economía, han de arrodillarse ante lo que la Constitución como norma suprema del ordenamiento (parece que hay que recordarlo estos días) consagra como un claro mandato, abiertamente infringido en su espíritu por la política fiscal de los últimos decenios.

Pero, ¿cuál ha sido, exactamente, la justificación de esta injusticia permanente en nuestro sistema tributario? Pues hete aquí con nuestra querida amiga la globalización. La competencia fiscal entre Estados y la facilidad del mundo financiero para moverse sin dilaciones y obstáculos por encima de las fronteras de las anticuadas naciones decimonónicas, han sumido en el olvido los principios de justicia tributaria reconocidos en la inmensa mayoría de los sistemas constitucionales de occidente. Y no nos podemos olvidar, claro está, de nuestra también muy preciada Unión Europea o globalización institucionalizada, que desde su existencia se ha preocupado más por una unión monetaria que deja desamparados a los Estados, que en un atender a la palmaria exigencia de una mayor justicia tributaria. Lo que ahora Merkozy, de la mano del BCE, quiere denominar “unión fiscal”, no es más que un remiendo chapucero de difícil base jurídica (y menos aún económica) que, en aras de la tan manida austeridad, va a cumplir finalmente el epitafio de Tácito que ya pesa sobre la cada vez más cercana tumba de una Europa moribunda, sentencia que nos recordaba también hace unos días Martín Wolf: “Ellos crean un desierto, y lo llaman austeridad”.

Es evidente, por ello, que la actualización y materialización efectiva del artículo 31 de la Constitución, no puede hacerse solamente desde la débil posición del Estado-nación. Ha de venir acompañada, y con intensidad, por una Unión Europea más social y democrática que utilice su privilegiada situación supranacional para someter al suave yugo de la justicia tributaria al mundo financiero. Hemos de exigir, pues estamos en nuestro legítimo derecho, que los principios tributarios que nuestra Constitución establece se cumplan en su adaptación y concreción legislativa, que se creen nuevas figuras tributarias que equilibren la balanza y redunden en una mayor redistribución de la renta. La implementación del ITF a nivel europeo, la elevación de los tipos impositivos a las instituciones de inversión colectiva o una mayor imposición y progresividad a lo beneficios derivados del capital (las eufemísticas rentas del ahorro), son algunas de las medidas que harían efectivos unos principios olvidados por la desidia y el pensamiento económico dominante.

No es cuestión de ideologías. Es cuestión de cumplir lo que la Constitución nos manda. A todos.