Chipre "El bautismo de fuego del MEDE"

Por: Gabriel Moreno González


Con el préstamo de 10.000 millones de euros a Chipre del pasado sábado, la Unión Europea ha roto definitivamente el gran tabú financiero: los depositantes chipriotas, los ciudadanos, tendrán que asumir pérdidas y aceptar forzosamente una quita en sus ahorros. Para garantizarla, el Parlamento de Nicosia se ve obligado a aprobar, de inmediato, una ley que congele temporalmente todas las cuentas bancarias e impida la salida de capitales….Sí, un corralito en Europa.
El objetivo de este préstamo, como el del resto, consiste en traspasar una ingente cantidad de dinero desde los ahorros de los ciudadanos a las manos de los acreedores de una banca sobredimensionada y putrefacta, empobreciendo a los pueblos europeos. Sin embargo, al contrario de los demás “rescates”, donde los ciudadanos hemos pagado los excesos del casino capitalista de manera gradual a través de sucesivos recortes y subidas de impuestos, esta vez el robo se produce al instante. En unas horas, en unos minutos, pueden llegar directamente a nuestros ahorros, meter la mano y ofrecérselos sonriendo al capital financiero. El contenido simbólico es evidente: no existen límites para los halcones neoliberales.

Y no existen porque incluso jurídicamente así está consagrado. El préstamo no lo concede la Comisión, el Eurogrupo o el Banco Central Europeo, sino el recién creado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)i), un organismo internacional nacido al calor de la estructura de la Unión que pretende convertirse en la gran banca de los Estados europeos, en un nuevo FMI para el viejo continente. A él deben acudir ahora los gobiernos para recibir asistencia financiera y desde él se introduce el neoliberalismo en las economías nacionales.

El procedimiento es relativamente simple: un Estado, con dificultades financieras, acude al MEDE para que le otorgue un préstamo. A cambio, el Estado ha de firmar y cumplir un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) impuesto por el propio MEDE. El contenido de ese MoU viene ya anticipado en el Tratado constitutivo del Mecanismo: una estricta condicionalidad en las políticas económicas y fiscales que asegure la devolución del préstamo y sus intereses, mediante la consolidación fiscal y la reestructuración del sistema público. O lo que es lo mismo: la pérdida de nuestros derechos sociales, el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar y la pauperización de la clase trabajadora para preservar la posición de dominio de la oligarquía acreedora. Como en el caso de Portugal o Irlanda, el MoU que tenga que firmar Chipre seguirá la misma línea neoliberal: privatizaciones, flexibilización de las leyes laborales, aumento de los impuestos indirectos, etc.

Todo ello vendrá reflejado de manera difusa y oscura en el Memorándum, cuyo guardián e intérprete será el mismo MEDE que lo impuso. ¿Pero quién o qué compone este nuevo poder? Principalmente, sus dos órganos rectores: el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Administración. Ambos se configuran en el Tratado como nidos sin control ni legitimidad democrática que poseen ilimitadas facultades sobre los Estados “beneficiarios” del préstamo. Para mayor escarnio están dirigidos por uno de los insignes halcones de la ortodoxia fiscal, el economista alemán Klaus Regling, otrora destacado miembro de un fondo de especulación ii) y ahora Director Ejecutivo del Mecanismo de “Estabilidad”.

El primero de los órganos rectores, el Consejo de Gobernadores, está compuesto por un representante de cada Estado, cuyo voto es ponderado en función de la aportación de tal Estado al fondo del MEDE. Sus principales competencias residen en decidir, a grandes rasgos, las condiciones de política macroeconómica que se van a imponer en el MoU a los Estados que reciban asistencia financiera, concretadas después por el Consejo de Administración; y elegir a los componentes de este último, un órgano mucho más técnico (y aún menos transparente y presidido por el europeísta especulador) que ha de velar por el cumplimiento del Memorandum.

El Mecanismo cuenta con un capital autorizado de 700.000 millones de euros dividido en acciones, de los cuales se desembolsarán por los Estados 80.000 millones en los próximos 2 años de manera gradual. España, que posee el 11,9% de las acciones, es el cuarto mayor accionista del MEDE después de Alemania (27,2%), Francia (20,4%) e Italia (17,9%). Precisamente, una de las disposiciones más polémicas del Tratado constitutivo es la contenida en el artículo 9 en cuanto a los requerimientos de capital. El Mecanismo tiene plena libertad para exigir que el capital autorizado (hasta 700.000 millones, recordemos) sea desembolsado en cualquier momento por parte de los Estados, de manera inmediata, para hacer frente a los “rescates”iii). Con ello, no solo se ha conseguido ceder la soberanía económica por parte de los Estados beneficiarios del préstamo, sino del resto de integrantes del MEDE, por cuanto deben financiarlo en la manera, en el plazo y de la forma que el Mecanismo exija. Un ejemplo que quizás ilustre la entidad de este poder: tras la aprobación del préstamo a Chipre por el Consejo de Gobernadores, España tendrá que desembolsar en el plazo que se acuerde (puede ser incluso de días), aproximadamente 1300 millones de euros. Y la pequeña isla mediterránea supone solo un 0,17 % del PIB europeo.

La soberanía nacional también se ve mermada con la exclusión de la unanimidad en la toma de decisiones, al establecer como regla general la mayoría simple y reservar la cualificada para casos muy puntuales. Lo cual implica que si un Estado se posiciona en contra del rescate a un país y, no obstante, el MEDE lo aprueba por mayoría, ese Estado debe aportar también el capital necesario para la concesión del préstamo.

Y como era de esperar, ambos órganos no responden ante ninguna institución de la Unión ni de los Estados, ni siquiera de aquellos a los que han hurtado la soberanía tras la petición del préstamo. El control democrático sobre sus actuaciones que, recordemos, afectan al bienestar de millones de personas es, simplemente, inexistente. La opacidad, como en el caso del Banco Central Europeo, es absoluta.

Como novedad, además, la configuración jurídica del Mecanismo posibilita y alienta, a lo largo de todo el articulado del Tratado constitutivo, la participación directa de instituciones tan democráticas como el FMI, la Comisión y el BCE (la famosa Troika), no solo en la elaboración de los MoU sino también en la vigilancia y seguimiento de su cumplimiento. Pero el caso más flagrante es, sin duda, el del FMI, por cuanto no tiene vinculación alguna con Europa. La presencia de la señora Lagarde y todo su ejército de economistas refuerza lo que la propia Exposición de Motivos del Tratado no trata siquiera de ocultar: que el MEDE se inspira directamente en las políticas del FMI y que, por ende, asume su ideario neoliberal y lo consagra iv). Y recoge, además, una de las estrategias sui géneris del Fondo, como es su financiación no solo a partir de las aportaciones estatales, sino también de los mercados financieros. El Tratado del MEDE regula toda una serie de instrumentos a través de los cuales las instituciones financieras pueden participar y beneficiarse de la gran fiesta de los rescates europeos.

El organismo viene así a constituirse en la clave de bóveda de la estafa que es la crisis: el juego irresponsable de la banca y su quiebra sistematizada provoca su rescate por los Estados. Éstos se ven, en consecuencia, obligados a endeudarse en los mercados, donde aguardan los mismos bancos a los que ha salvado para especular contra sus bonos y conseguir pingües beneficios. Cuando la situación se vuelve insostenible, llega el MEDE y, mediante un préstamo multimillonario, impone una política macroeconómica neoliberal a base de recortes que desmantela el Estado de bienestar del país en cuestión. La banca, de nuevo expectante, se beneficia en este caso por partida doble, pues no sólo participa de los intereses del nuevo rescate a través de su inversión en el Mecanismo, sino que consigue que ante ella se abran innumerables oportunidades de negocio tras las privatizaciones y el aumento de la desprotección social, consecuencias directas del Memorándum. Negocio redondo.

Nos encontramos pues, ante un nuevo organismo que, alejado de los focos de la prensa y de la opinión pública, y revestido de mera tecnicidad, se va a convertir en el amo y señor de una Europa moribunda, en el vértice de una estafa criminal institucionalizada. Su bautismo de fuego ha sido Chipre y ha querido hacerse notar dejando claro que no tiene obstáculos a la vista. La década perdida de Latinoamérica aterriza en Europa de la mano del FMI para, desde las alturas del MEDE, cumplir el aforismo de Tácito: “ellos crean un desierto y lo llaman estabilidad”.

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i) El Tratado constitutivo, firmado por los 17 Estados de la Eurozona, entró en vigor el 1 de julio de 2012.

ii)El fondo en cuestión es Moore Capital Strategy Group. La trayectoria del señor Regling, como la de la mayoría de los altos cargos de la eurocracia, es un continuo ir y venir del sector privado al público. En el caso del MEDE, los nuevos nombramientos de sus altos funcionarios han vuelto a reactivar con inusitada rapidez las famosas “puertas giratorias”.

iii) Esta obligación de responder a los requerimientos de capital autorizado no desembolsado en cuanto el MEDE así lo demande, fue examinada por el Tribunal Constitucional alemán al apreciarse su posible incompatibilidad con el principio democrático y con la soberanía nacional consagrados en la Ley Fundamental. Sin embargo, el Alto Tribunal consideró que tal exigencia era perfectamente constitucional, al estar contemplada en un Tratado internacional debidamente suscrito por el Gobierno alemán. No obstante, en su sentencia, impuso someter a la aprobación del Parlamento cualquier desembolso de Alemania que exceda los 190.000 millones de euros.

iv) De hecho, es significativo que las deudas contraídas con el MEDE tengan carácter de preferencia exclusiva frente al resto de acreedores a excepción, sin embargo, del FMI, el cual tendría preferencia en el cobro aun por encima del mismo Mecanismo.

La ruptura ante el nuevo Káiser del Capital

Gabriel Moreno González
UEX

En los últimos tiempos buena parte del espectro político y social ha asumido e integrado en su ideario la “parábola democrática” que en su día formulara Colin Crouch. En su famosa obra Postdemocracia, el sociólogo británico describe la evolución de la situación política actual como un retroceso a momentos predemocráticos. Vivimos, dice, en una época donde el ideal democrático ha degenerado debido al capitalismo transnacional, la debilidad de los Estados, la baja participación e interés de la ciudadanía y el alejamiento, cada vez más palpable, de los partidos respecto de las bases sociales. Para Crouch, el momento más democrático de la historia contemporánea (el punto álgido de la parábola) se dio a mediados del siglo XX, cuando mediante el pacto Capital-Trabajo se consiguió crear y consolidar el Estado de bienestar (welfare state). Desde entonces, la democracia habría ido perdiendo, cualitativa y cuantitativamente, intensidad y calidad, en un proceso gradual de regreso a los modelos del liberalismo doctrinario, donde el espacio de decisión política y los derechos se ven progresivamente restringidos a pesar de la consolidación del sufragio universal.
Hasta aquí, el análisis es irrebatible. Sin embargo, el problema se plantea en la salida de esa situación, en la solución. Para Crouch (y la totalidad de la mal llamada socialdemocracia e, incluso, para sectores de la izquierda transformadora) el objetivo es regresar de nuevo al modelo perdido, a la democracia ideal que surgió de las cenizas de la II Guerra Mundial. Considerar la situación actual, por tanto, como un simple lapsus en el progreso ascendente de la democracia, que ha de ser olvidado para regresar a la cima de la parábola, al Estado social. He aquí el error.
El origen del Estado de bienestar hemos de encontrarlo en la interrelación dialéctica entre los factores económicos y sociales y las condiciones históricas del momento. La devastación de Europa tras la guerra y la consiguiente destrucción de los medios productivos precisaron la intervención del Estado para garantizar la continuidad del proceso de acumulación capitalista que ahora se planteaba desde un relativo equilibrio de fuerzas Capital-Trabajo. El pacto entre ambas es la piedra angular sobre la que gira el Estado social: el Capital renuncia a una parte de los beneficios trasladándolos al Trabajo mientras éste renuncia a la alternativa revolucionaria. Se logra alejar, por tanto, el fantasma del comunismo que acechaba a la débil Europa, al tiempo que se consigue garantizar la plusvalía capitalista en torno a un pacto que, a pesar de parecer un idílico equilibrio de fuerzas, a quien más beneficia desde el inicio es, evidentemente, al Capital.
Infraestructuras, transportes, investigación, educación... actividades que normalmente el Capital no era capaz de producir por sí mismo al estar fuera de la lógica del beneficio, fueron asumidas con inusitada fuerza por el Estado con el objetivo de aumentar el bienestar de la población y la productividad (plusvalía relativa). Formar grandes masas de trabajadores altamente cualificados o invertir ingentes cantidades de dinero en investigación beneficiaba, sobre todo, a los grandes conglomerados industriales y empresariales. Y más cuando la mayor parte de las inversiones que el Estado hacía en estos sectores se sufragaban a través de sistemas impositivos injustos, donde era (y sigue siendo) el Trabajo el gran contribuyente. El Estado, asimismo, se convertía en la “Cruz Roja del capitalismo”, adquiriendo y conservando las actividades económicas de los distintos sectores en crisis que no interesaban al Capital y actuando directamente sobre los puntuales desórdenes del sistema, al tiempo que se convertía en un elemento esencial en la demanda agregada (gastos militares v.g).
En cuanto a la otra gran fuerza del pacto, el Trabajo, las actuaciones del Estado se centraron en la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos sociales, que se convirtieron en los instrumentos idóneos a través de los cuales se socializaron los costes de la producción mientras se privatizaron sus beneficios. Solo un ejemplo: la consagración constitucional del derecho a la educación supuso una transferencia incalculable de recursos desde el sector público al privado, por cuanto la formación pública del trabajador iba destinada a la prestación de servicios cualificados en el ámbito privado y cuyos beneficios redundaban, principalmente, en éste.
Este pacto desigual encontró su virtualidad jurídica en la integración del clásico conflicto Capital-Trabajo en las propias constituciones. El reconocimiento jurídico de derechos sociales en el marco de una economía de libre mercado inmutable supuso la absorción de la contradicción entre las fuerzas históricamente enfrentadas, juridificando la imposibilidad de cualquier concepción alternativa al sistema (fuera el comunismo o el anarcocapitalismo) y creando una sensación de equilibrio perfecto entre las partes del pacto. Sensación que derivaba, a su vez, en un efecto de legitimación general del sistema, por cuanto el aumento de los derechos sociales y el acceso al ciclo económico de amplios de sectores de la población antes excluidos, hacía parecer al Estado como el Estado de todos. Mientras tanto, el sindicalismo y la socialdemocracia conseguían aumentar progresivamente los derechos sociales de los trabajadores sin reducir la plusvalía del capital gracias al imparable crecimiento económico.
Parecía pues, el escenario idílico: los trabajadores vivían ensimismados en un bienestar hasta entonces desconocido que les impedía ver la realidad. Mientras, el gran capital conseguía mantener su tasa de beneficio sin temor a que los otrora vientos revolucionarios pudieran desestabilizar el sistema y acabar con el proceso de acumulación.
Pero este falso equilibrio, esclavo de un crecimiento permanente, se rompió cuando el aumento de la plusvalía (tamizado de redistributivo) empezó a tambalearse por las ineficiencias estructurales del propio sistema y, en menor medida, por los factores externos (Crisis del petróleo incluida) que, junto a la irrupción del huracán neoliberal, crearon las bases necesarias para dinamitar gradualmente el Estado social dando primacía exclusiva al Capital. El Trabajo, la otra gran fuerza del pacto, quedó relegado a la mera formalidad de unas Constituciones que pese a la nueva realidad material seguían reconociendo un amplio abanico de derechos sociales, sin posibilidad, ahora, de hacerlos efectivos. Una parte del contrato había, simplemente, vencido.
La socialdemocracia, que ha asumido sin rechistar el planteamiento de Crouch, ve con nostalgia aquel pacto y se propone como objetivo regresar al (falso) equilibrio ideal. Se aferra a los contenidos sociales de las Constituciones, aún no suprimidosii, en una posición de “garantismo”iii inmovilista cuyos únicos logros consisten en pequeñas victorias sectoriales a través de una disfuncional y venial justicia constitucional. En esa lucha permanente, sin duda encomiable pero insuficiente, se olvida lo esencial: que las condiciones que posibilitaron el pacto ya no se dan en la actualidad.
Por un lado, la realidad objetiva sobre la que podría asentarse es completamente diferente en todos sus elementos. El pacto inicial se realizó en el ámbito estatal, cuando los sistemas constitucionales aún tenían relevancia y en ellos convergían los distintos intereses de clase. Ahora, el marco de referencia es el de la globalización institucionalizada, donde amplios ámbitos de la política se han visto relegados a una falsa tecnicidad que esconde el pensamiento único dominante. La “esfera de lo decidible” queda reducida a un papel secundario por cuanto las decisiones de relevancia ya no se toman en las democracias nacionales, sino en los difusos entramados institucionales de dudosa legitimidad que se han venido consolidando en los últimos deceniosiv. No es el regreso al liberalismo doctrinario que indica Crouch, sino el retroceso a la tiranía que convivió con el capitalismo en la Alemania decimonónica.v No es el sufragio censitario de Guizot ni el monarquismo anacrónico de Tocqueville, es algo más. Detrás de la Comisión Europea, del BCE, del MEDE y toda esa caterva de instituciones antidemocráticas se encuentra la concepción hegeliana, donde “los poderes del Estado” se convierten en los “órganos del Estado” (no representativos de la sociedad), definidos no sobre el paradigma de lo político (Soberanía), sino de lo técnico (Derecho). Las instituciones supraestatales antidemocráticas se intentan revestir de un prius objetivo, unitario y permanente que ha de existir por sí mismo, fuera del alcance del voluntarismo político, en tanto orden jurídico inmutable y autolimitadovi. Sustraer la política del vaivén de los deseos siempre caprichosos de las mayorías, protegiéndola de éstas y refugiándola en una esfera indisponible (que beneficia únicamente al Capital), es la última ratio de la Unión Europea, el nuevo Káiser del continente.
Tampoco la contradicción subjetiva Trabajo-Capital que sustentaba el edificio del Estado social es la misma. Los trabajadores ya no son los estables asalariados del modelo fordista ni sus aspiraciones se aúnan en una conciencia de clase. La fragmentación del Trabajo, su carácter líquido como lo ha definido Baumanvii, se concreta en la temporalidad, inseguridad, movilidad y variedad de situaciones laborales o profesionales, en un proceso de desarraigo que no ha hecho más que comenzar. Los detentadores del capital tampoco son ya los industriales o grandes empresarios monopolísticos que invertían en la economía real para aumentar su plusvalía. Ahora, el capital financiero transnacional domina todas las capas de la estructura económica, en un sistema altamente financiarizado, desregulado y globalizado que ha conseguido desprenderse de las cadenas jurídicas estatales. Un Capital que, dada su posición de predominio absoluto tras la victoria sobre el Trabajo, se ha acomodado en sus privilegios y no le interesa, ni siquiera remotamente, ceder parte de sus beneficios a la otra parte del pacto, por cuanto ésta ya no es capaz, por su propia configuración material, de plantear una alternativa revolucionaria.
Por tanto, es impracticable volver a subir la parábola y situarnos en la cima perdida de la democracia con base a un nuevo pacto entre fuerzas. El modelo anterior está, históricamente, agotado. La nostalgia por el Estado social perdido debe convertirse en la esperanza por otro sistema completamente diferente, en la esperanza de un proceso de ruptura que deconstruya lo establecido y recupere el Trabajo como motor de cambio. La repolitización de las decisiones, la configuración de nuevos conceptos e instrumentos democráticos, la constitucionalización de una realidad cada vez más compleja, la ruptura con la cultura hegemónica de la que se sirve el poder para perpetuarse y, en definitiva, la expulsión del Capital de su situación de predominio, se presentan como los paradigmas que han de guiar un futuro de verdadera transformación social.

i CROUCH, Colin, Posdemocracia, Taurus, 2004.
ii En este punto España supone una excepción a la regla general debido a la última reforma constitucional del artículo 135, que introduce como una cuña el pensamiento neoliberal en la Carta Magna vaciando de contenido la solemne proclamación del Estado social.
iii El recurso a la justicia constitucional se ha convertido en el omnímodo de la lucha política diaria. El acercamiento al núcleo esencial de los derechos reconocidos constitucionalmente y su ataque permanente por parte de una realidad que no se adecua a la formalidad constitucional, alientan esta situación. Vid. FERRAJOLI, Luigi, Garantismo, una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, 2009.
iv Una defensa de esta forma de gobernanza puede verse en ROSANVALLON, Pierre, La legitimidad democrática, Paidós Ibérica, 2010.
v La tardía incorporación de Alemania al capitalismo y la ausencia de revoluciones burguesas, hizo que coexistiera una clase capitalista (y el consiguiente proletariado industrial) altamente consolidada con la antigua clase estamental heredera del Ancien Règime, que consiguió preservarse en el poder bajo un modelo autoritario y altamente represivo. La burguesía renunció así a la democracia liberal a cambio de que los junkers terratenientes frenaran el movimiento obrero y neutralizaran las aspiraciones revolucionarias.
vi El concepto de “autolimitación” es acuñado por primera vez por Ihering. Supone la conversión en jurídico del poder del Estado (y por tanto, algo atemporal, preexistente y a priori) frente a la concepción política de la soberanía. Vid. JELLINEK, J, Teoría General del Estado, Albatros, 1954.
vii BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de España, 2002 (i.a.).

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